lunes, 8 de octubre de 2012

LA HIPOCRESÍA DE LA REINSERCION


Según nuestra Lex Suprema y a tenor de lo que esta misma dispone en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reducación y reinserción social…”


En concordancia con nuestra Constitución , la Ley Orgánica General Penitenciaria corrobora en su artículo 1: “ Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad …”

Después de esto partimos de la idea o mejor dicho de la cuestión de ¿qué es la reinserción social? bien, si no me equivoco el objetivo sustancial de una pena es no solo cumplir con la responsabilidad de sus actos y pagar por ellos a modo de castigo sino también conseguir que se vuelva a insertar en la sociedad. Desde un punto de vista sociológico la inserción trata en síntesis de introducir a un individuo en una sociedad, pues bien, colocando el prefijo re – delante de inserción, como indicativo de repetición, reinserción consistirá en conseguir que un individuo vuelva a insertarse en la sociedad de nuevo.

Ahora bien, el objetivo de esto no es conocer en qué consiste la reinserción sino, en saber si la sociedad realmente acepta esta reinserción o mejor dicho si la debe aceptar. ¿Tenemos nosotros el deber de permitir que una persona que alberga la etiqueta de “condenado” por lo que hizo se introduzca en nuestra sociedad, o se desenvuelva entre nosotros poniendo en riesgo nuestros bienes jurídicos?



Esta cuestión puede parecer muy tremendista pero es básicamente lo que dispone la LCSP ( Ley de Contratos del Sector Público ) en su art 49, donde dispensa cuales son los requisitos que deben disponer los individuos particulares que quieran realizar un contrato con la Administración, y no habla solo de requisitos materiales sino que habla de “haber sido condenado”, de una carencia de honorabilidad de por vida, producida por haber recaído condena penal mediante sentencia firme de determinadas sanciones de carácter administrativo por causa de infracciones, es decir, si la persona cometió un delito contra la administración pública y fue condenado por ello, la Administración tiene la libertad de quebrantar este derecho de reinserción social del individuo infractor, porque en sus normas se regula la capacidad de ésta para impedir al sujeto volver a realizar un contrato con ella y de esta manera evitar un nuevo delito contra este ente público.

En consonancia con esto ¿Nosotros podemos elegir dependiendo del delito que ha cometido el sujeto si puede o no reinsertarse socialmente?

No encuentro sentido a esta discriminación positiva hacia la Administración, de acuerdo que se trata de un Ente Público que debe salvaguardar el interés de los administrados que venimos a ser todos los individuos, pero si la persona que cometió el delito o la infracción ya ha pagado por ello ¿cuál es la razón especial, para que el resto de la sociedad deba aceptarlo y respetar sus derechos, mientras la Administración se guarda un “as” en la manga para no relacionarse con este tipo de sujetos?

Hipocresía legal podríamos llamarle, o hipocresía Estatal, o hipocresía a secas. No puedes pedir a una sociedad que acepte a un individuo cuando ni el propio Estado le da esta oportunidad, y por supuesto no puede prometerle legalmente la reinserción y reeducación cuando no se la va a brindar. “Falta de honorabilidad” es sinónimo de una verdadera EXCUSA discriminatoria para no relacionarse con personas que dañaron su bien jurídico (la administración), para negarles su PLENO derecho a la reinserción, a menos que la reinserción solo sea a tiempo parcial “para esto sí, para esto no, para esto eres un individuo más, pero para esto eres un delincuente”.


¿En qué quedamos? ¿Reinsertamos? 

@lorcomcas