viernes, 28 de noviembre de 2014

La Asociación de Militares pide que se juzgue por altra traición a Artur Mas y Mariano Rajoy

Es una nota la Asociación de Militares Españoles ha expuesto claramente tanto su opinión al respecto del 9N como las posibles consecuencias que de tales actos se derivan. En ella se demandaba y sostenía la aplicación rigurosa e implacable por el Gobierno de España de los artículos de la Constitución Española que fueran necesarios para, por un lado, procesar a los proponentes y defensores de la votación efectuada en el Parlamento de Cataluña y, por otro, impedir que siguiera adelante tal tentativa tan demoledora para la unidad, soberanía e independencia de La Patria.

Igualmente, se ponía de manifiesto lo que de inadmisibles e intolerables olvido y desprecio supone tan insensata conducta para los catalanes españoles que, al cabo, son todos los que allí habitan; los enormes y gravísimos perjuicios de todo tipo para España lo son, indudable e inevitablemente, para esa región irrenunciablemente española. Otro tanto se indicaba acerca de la obligación del Gobierno de España de proteger los deseos de ser españoles de aquellos habitantes de Cataluña que así lo quieran, aceptándose incluso los peligros que supondría un conflicto civil en aquella Comunidad y la posibilidad de fractura territorial para evitar una "limpieza étnica".



Llegados a este momento no se entiende en absoluto la intervención ahora de la Fiscalía General y no en el año 2012, cuando en toda ocasión han sido catalogados todos estos actos por el Gobierno de la Nación como ilegales como así ha manifestado recientemente el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es opinión de la Asociación de Militares Españoles que los hechos anteriores fueron mucho más delictivos porque, según el aforismo jurídico, "la causa de la causa es causa del mal causado" y hubo de ser entonces cuando se debió de corregir el desafuero. En consecuencia, es su opinión que, unos por comisión y otros por omisión, han de ser también sujetos de proceso judicial por el delito de alta traición quienes, teniendo constitucionalmente otorgadas las facultades y los medios precisos, no actuaron entonces, han permitido que el Presidente de la Generalidad y miembros separatistas de la misma empleen fondos, edificios y personal públicos para la convocatoria y el simulacro haya tenido repercusiones no sólo nacionales sino internacionales que en nada contribuyen a evitar una calificación de nuestra Nación como del Tercer Mundo.