lunes, 20 de julio de 2015

El Estado debe ayudar, no mantener

A menudo, especialmente cuando me encuentro en las redes sociales, me cuestiono en qué medida he sido influenciado a lo largo de mi vida para acabar teniendo mi ideología, mis principios y mis valores. Me cuestiono también si, de haber sido otras mis circunstancias y experiencias, podría llegar a identificarme con algunos movimientos que abundan hoy en día en la sociedad. No tengo la menor duda de que cada uno de los hechos que he vivido, cada una de las conversaciones que he tenido y cada uno de los libros que he leído han ido guiando la senda ideológica en la cual me encuentro actualmente. Me pregunto si es posible despojarse de todo lo que me ha influido y encontrarme tan inmaculado como un recién nacido. Como es de esperar, cualquier esfuerzo por conseguir algo parecido ha resultado infructuoso. 

No obstante, en ciertos ámbitos he tenido la sensación de haberme acercado bastante a un análisis racional de los conceptos que juzgaba. Aunque no quepa la menor duda de que lo va a ser escrito a continuación es efecto de mis estudios de economía, no he conseguido retroceder a un punto anterior al momento en el que éstos fueron llevados a cabo. 



Un debate histórico y que sigue vigente hoy en día (y cada vez más) es el referente al reparto de la riqueza en un país. En mi intento de situarme en el lugar de aquellos con los que no coincido ideológicamente, he llegado a la conclusión de que, como humanos sociales que somos, no puede permitirse que grupos de la sociedad, conciudadanos y, en definitiva, hermanos, estén sometidos a vivir en condiciones precarias y con nulas posibilidades de de dar un salto en su calidad de vida. He llegado asimismo a la conclusión de que las circunstancias en las que uno crece y se desarrolla no deberían determinar a qué debe aspirar cada uno. Se debería, por tanto, allanar el terreno a los que han partido de situaciones desventajosas. Hablo de los que, por ejemplo, no han podido recibir la mejor educación o no han dispuesto del tiempo necesario para dedicarse a los estudios al tener que trabajar para pagárselos o para colaborar en la economía familiar. He llegado a la conclusión de que, como no todos empezamos a subir la montaña a la misma altura, debe ser el Estado (debido a los obvios riesgos que comportaría encomendarlo al sector privado) quien ha de encargarse de que condicione lo menos posible el lugar o la riqueza del lugar en que se nace. 

Partiendo del punto anterior, es indudable que la prosperidad de un país siempre ha tenido como base el esfuerzo. Los servicios sociales a los que me refiero no deberían incentivar el conformismo o la comodidad, sino más bien funcionar como incentivo-premio. Como dichos servicios provienen del esfuerzo de los trabajadores (a través de los impuestos de todos los ciudadanos), el concepto se viciaría en el momento en el que en lugar de facilitar la equivalencia de condiciones, lo que se hace es mantener y subvencionar la pereza. 


Relacionado con el valor del esfuerzo aparece la propiedad privada. ¿Qué incentivos va a tener un emprendedor o un autónomo para pasar noches en velas sabiendo que el fruto de ello va a repartirse por igual entre el resto de ciudadanos que probablemente estén ya durmiendo? Es evidente que aquellos que invierten más dedicación y de manera acertada deberían ser compensados por este esfuerzo “extra” que supone, por ejemplo, trabajar más allá de la jornada máxima, tener el valor de arriesgarse con un nuevo proyecto o tener la capacidad inventiva que, todas ellas juntas, colaboran a aumentar la riqueza de un país de la cual acabarán todos beneficiándose. Y es que una sociedad en la que no se reconozca el mérito de trabajar por encima del mínimo esfuerzo está condenada a la miseria.