miércoles, 15 de julio de 2015

Venezuela prohibió los desahucios y hoy es imposible alquilar una vivienda

"Venezuela es el único país del mundo en el que nadie quiere alquilar". Así de contundente se muestra Raimundo Orta, coordinador de la Asociación Nacional de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) de Venezuela. Y la razón no es otra que la prohibición de los desahucios decretada por el expresidente de la República Bolivariana Hugo Chávez. Alquilar un piso en Venezuela es misión imposible y la escasa oferta que existe se paga a precios desorbitados, del todo inaccesibles para la inmensa mayoría de la población.

Éste es el trágico resultado de la política antidesahucios que ha impuesto el régimen chavista en los últimos años, y cuyo modelo pretende imitar Podemos en España. El partido de Pablo Iglesias hizo suya desde el primer momento la bandera contra los desalojos por impago de vivienda, tanto de hipoteca como de alquiler.
Entre otras medidas, Podemos defiende la expropiación de inmuebles vacíos y forzar su puesta en alquiler, tanto en manos de bancos e inmobiliarias como de particulares, así como la dación en pago con carácter retroactivo o la paralización generalizada de los desahucios por impago.



Hasta ahora, la idoneidad o no de estas medidas se mantenía exclusivamente en el ámbito del debate público, pero, tras el buen resultado electoral que ha cosechado Podemos en las pasadas elecciones municipales, su aplicación podría empezar a materializarse, de una u otra forma. Así, la plataforma Ahora Madrid, liderada por Manuela Carmena, y la de Barcelona en Comú, de Ada Colau, recogen en sus respectivos programas la siguiente propuesta en materia de vivienda:
Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo).
Garantizar una alternativa habitacional a todas las personas desahuciadas o desalojadas de primera vivienda, a través de los servicios sociales municipales.
Los expertos del sector, como el cofundador del portal inmobiliario Idealista Fernando Encinar, se apresuraron a advertir de que prohibir los desahucios podría acabar causando la práctica "desaparición" del mercado del alquiler. Y lo triste es que no se trata de una alerta gratuita. Esta trágica situación es, precisamente, la que padece Venezuela desde hace años. Según datos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, la oferta de pisos en alquiler se ha hundido de forma progresiva, hasta casi alcanzar su extinción, desde principios de la pasada década, poco después de que Chávez llegara al poder.
El decreto de congelación de alquileres que aprobó el Gobierno bolivariano en 2003 se tradujo en una caída del 25% en la oferta de alquiler; la posterior ordenanza de expropiación del Distrito de Caracas en 2006, provocó una caída extra del 51%; las nuevas restricciones al arrendamiento aplicadas entre 2007 y 2008 causó una contracción similar; y, finalmente, la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda de 2011 agravó enormemente la situación, hasta la desaparición casi total de la vivienda en alquiler.
Hoy por hoy, es difícil encontrar más de cinco anuncios de apartamentos en alquiler en Caracas en la prensa nacional, con precios que oscilan entre 80.000 y 195.000 bolívares mensuales, casi 30 veces más que el salario mínimo. Trasladado a España, esto supondría un precio de alquiler próximo a 20.000 euros al mes.
El principal motivo de esta sequía es la imposibilidad de desalojar al inquilino en caso de impagar el alquiler. Así, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de 2011 establece en su artículo 13 lo siguiente:
En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.
Este punto, idéntico al que propugna Podemos, unido al cúmulo de incentivos previos que marca la regulación, se ha traducido en un impago masivo de alquileres y en la imposibilidad de recuperar la vivienda. Así, aunque miles de propietarios cuentan con sentencias judiciales favorables al desalojo del inquilino moroso, el problema es que su ejecución queda suspendida hasta que el Ministerio de Vivienda otorgue al desahuciado otro piso, lo cual suele tardar varios años si es que, finalmente, se le concede, generando con ello un estado de absoluta indefensión para el arrendador.
La situación es tan grave que son numerosos los casos en los que los propietarios optan por permanecer día y noche a las puertas de sus inmuebles en señal de protesta, implorando al inquilino la devolución de su propiedad y llegando, incluso, a ponerse en huelga de hambre.

El 99% de los propietarios no se arriesga a alquilar

Como consecuencia, la oferta de viviendas en alquiler se ha extinguido, agravando con ello el déficit habitacional que sufre el país (casi 3 millones de venezolanos no pueden acceder a un piso debido a la falta de inmuebles). Según Apiur, el 99% de los propietarios prefiere no alquilar. Normal si se tiene en cuenta que en el último año y medio se han tramitado entre 60.000 y 70.000 solicitudes de desalojo, pero las autoridades bolivarianas tan sólo han procesado -que no resuelto- el 10%.
Además, una vez que se obtiene sentencia favorable, el desahucio no se puede ejecutar hasta que el Gobierno le garantice al afectado otro domicilio, de modo que, en la práctica, los propietarios tardan varios años en recuperar su piso... Si es que lo recuperan.

Fuente: LibreMercado