viernes, 30 de octubre de 2015

El expolio de Rumasa

El 23 de febrero de 1983, el recién elegido Gobierno socialista de Felipe González, nada más llegar al poder decide expropiar el grupo Rumasa perteneciente al empresario José María Ruiz-Mateos que por aquel entonces contaba con 700 empresas, 65.000 trabajadores y un importante grupo bancario compuesto por 23 bancos que ocupaba el octavo puesto solo superado por los siete grandes de la banca, saliendo adelante la sentencia con el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo que pocos años después se acabó marchando fuera de España, y con el voto en contra de la mitad de los magistrados que consideraban inconstitucional la intervención del holding de la abeja.

Por la noche, se asaltó con metralletas la sede central del grupo, situada en las Torres de Colón, entonces llamadas Torres de Jerez por el origen del empresario Ruiz­Mateos, y se procedió a la confiscación del grupo, valiéndose para ello de un artículo de incautaciones de los años treinta, y posteriormente encarcelando a José María Ruiz­Mateos.



El holding Rumasa representaba el 2% del P.I.B español en el momento de su nacionalización, operaba en 30 sectores y generaba 300.000 empleos indirectos con grandes empresas como Hotasa, Loewe, la finca La Almoraima, el Banco Atlántico y muchas más que fueron revendidas en un más que polémico proceso en el que las acusaciones de arbitrariedad, amiguismo y manipulación de actas se sucedían así como las dudas sobre legalidad de la expropiación que una importante parte de la ciudadanía consideraba ilegal e injusta.

Una vez tomado el control de Rumasa, se inició el proceso de privatización de las empresas con casos tan sonados como el de Galerías preciados que fue vendida al empresario venezolano Gustavo Cisneros, amigo de Felipe González, por 1.500 millones de pesetas que al poco tiempo la vendió por más de 30.000 millones.

La conocida marca de lujo, Loewe, fue adjudicada al grupo 'Urvois Spinola' en contra de la recomendación de la comisión asesora, las bodegas Williams & Humbert fueron vendidas por 1.500 millones a la empresa Antonio Barbadillo S.A, la cadena hotelera 'Hotasa' que era la más importante del país fue vendida al grupo formado por la cadena Sol y Kuwait Investment Office (KIO) que poco tiempo después presentaría una suspensión de pagos de más de 300.000 millones de pesetas, y haciendo el Director General de Patrimonio del Estado una gestión calificada por muchos como "indigna".

Muchas de las más importantes empresas fueron entregadas a presuntos amigachos del poder mientras que los bancos fueron absorbidos por los grandes banqueros a los que el propietario de Rumasa acusó de haber orquestado la expropiación.

Los catedráticos constitucionalistas Manuel Jiménez de Parga, Manuel Albaladejo, Manuel Alonso García, Pablo Lucas Verdú, José Ramón Parada y Rafael Entrena emiteron un dictamen contra la expropiación al entender que era inconstitucional, destruía la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, y por qué en ningún momento se desmostró la utilidad pública y el interés social de la sospechosa medida.

El entonces presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, dijo de esta medida: "existen muchas dudas serias y razonables sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida tomada por el Gobierno" y no estaba equivocado, algo que se confirmó cuando el Tribunal de Estrasburgo condenó al Gobierno español por la expropiación de Rumasa, dando la razón al empresario José María Ruiz-Mateos al que se le reconoció una violación de derechos contra su persona por parte del Gobierno.

La expropiación de Rumasa llevada a cabo por el Gobierno del PSOE costó a las arcas públicas más de 2 billones de pesetas (12.000 millones de Euros) asegurándose que se hacía para proteger los puestos de trabajo cuando precisamente por nacionalizar el grupo se produjo la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo que no estaban en peligro, y además el Estado gastó miles de millones en "sanear" unas empresas que posteriormente se demostraría que no estaban en quiebra y que fue un despilfarro, lo que confirma que fue una operación monstruosa de consecuencias nefastas para los españoles.


Casi treinta y tres años después de aquello, debemos preguntarnos: ¿Por qué los españoles tuvimos que pagar por expropiar un grupo empresarial que no estaba en quiebra? ¿Qué intereses y motivos hubo detrás de tan costosa e innecesaria operación?