El 23 de febrero de 1983, el
recién elegido Gobierno socialista de Felipe González, nada más llegar al poder
decide expropiar el grupo Rumasa perteneciente al empresario José María
Ruiz-Mateos que por aquel entonces contaba con 700 empresas, 65.000
trabajadores y un importante grupo bancario compuesto por 23 bancos que ocupaba
el octavo puesto solo superado por los siete grandes de la banca, saliendo
adelante la sentencia con el voto de calidad del presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel García Pelayo que pocos años después se acabó marchando fuera
de España, y con el voto en contra de la mitad de los magistrados que
consideraban inconstitucional la intervención del holding de la abeja.
Por la noche, se asaltó con
metralletas la sede central del grupo, situada en las Torres de Colón, entonces
llamadas Torres de Jerez por el origen del empresario RuizMateos, y se
procedió a la confiscación del grupo, valiéndose para ello de un artículo de
incautaciones de los años treinta, y posteriormente encarcelando a José María
RuizMateos.
El holding Rumasa
representaba el 2% del P.I.B español en el momento de su nacionalización, operaba
en 30 sectores y generaba 300.000 empleos indirectos con grandes empresas como Hotasa,
Loewe, la finca La Almoraima, el Banco Atlántico y muchas más que fueron
revendidas en un más que polémico proceso en el que las acusaciones de
arbitrariedad, amiguismo y manipulación de actas se sucedían así como las dudas
sobre legalidad de la expropiación que una importante parte de la ciudadanía
consideraba ilegal e injusta.
Una vez tomado el control de
Rumasa, se inició el proceso de privatización de las empresas con casos tan sonados
como el de Galerías preciados que fue vendida al empresario venezolano Gustavo
Cisneros, amigo de Felipe González, por 1.500 millones de pesetas que al poco
tiempo la vendió por más de 30.000 millones.
La conocida marca de lujo,
Loewe, fue adjudicada al grupo 'Urvois Spinola' en contra de la recomendación
de la comisión asesora, las bodegas Williams & Humbert fueron vendidas por 1.500
millones a la empresa Antonio Barbadillo S.A, la cadena hotelera 'Hotasa' que
era la más importante del país fue vendida al grupo formado por la cadena Sol y
Kuwait Investment Office (KIO) que poco tiempo después presentaría una suspensión
de pagos de más de 300.000 millones de pesetas, y haciendo el Director General
de Patrimonio del Estado una gestión calificada por muchos como
"indigna".
Muchas de las más
importantes empresas fueron entregadas a presuntos amigachos del poder mientras
que los bancos fueron absorbidos por los grandes banqueros a los que el
propietario de Rumasa acusó de haber orquestado la expropiación.
Los catedráticos
constitucionalistas Manuel Jiménez de Parga, Manuel Albaladejo, Manuel Alonso
García, Pablo Lucas Verdú, José Ramón Parada y Rafael Entrena emiteron un
dictamen contra la expropiación al entender que era inconstitucional, destruía
la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, y por qué en ningún momento se
desmostró la utilidad pública y el interés social de la sospechosa medida.
El entonces presidente de la
CEOE, Carlos Ferrer, dijo de esta medida: "existen muchas dudas serias y
razonables sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida tomada por el
Gobierno" y no estaba equivocado, algo que se confirmó cuando el Tribunal
de Estrasburgo condenó al Gobierno español por la expropiación de Rumasa, dando
la razón al empresario José María Ruiz-Mateos al que se le reconoció una
violación de derechos contra su persona por parte del Gobierno.
La expropiación de Rumasa
llevada a cabo por el Gobierno del PSOE costó a las arcas públicas más de 2
billones de pesetas (12.000 millones de Euros) asegurándose que se hacía para proteger
los puestos de trabajo cuando precisamente por nacionalizar el grupo se produjo
la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo que no estaban en peligro,
y además el Estado gastó miles de millones en "sanear" unas empresas
que posteriormente se demostraría que no estaban en quiebra y que fue un
despilfarro, lo que confirma que fue una operación monstruosa de consecuencias
nefastas para los españoles.
Casi treinta y tres años
después de aquello, debemos preguntarnos: ¿Por qué los españoles tuvimos que
pagar por expropiar un grupo empresarial que no estaba en quiebra? ¿Qué intereses
y motivos hubo detrás de tan costosa e innecesaria operación?
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