jueves, 6 de abril de 2017

Colau ordena a su policía proteger a los okupas de desalojos extrajudiciales


El Gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau y el PSC, ha creado un protocolo dirigido a su policía local para proteger a los okupas de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de manera «extrajudicial». Aunque en el escrito no se menciona de forma específica, las nuevas órdenes van dirigidas a frenar a empresas como Desokupa, a la que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha llevado ante la Fiscalía.

Según el «procedimiento operativo 11/17» firmado por el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, y remitido a los mandos del cuerpo el pasado 28 de febrero, a partir de ahora serán las patrullas de la policía local barcelonesa, y no los servicios legales del Ayuntamiento, las encargadas de analizar la situación. En concreto, deberán «comprobar que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones».


Así, Colau ordena en la instrucción remitida a sus agentes que, una vez acreditado «in fraganti» que eso ocurre, deberán «evitar que la empresa o personas responsables puedan llegar a materializar su actuación, evitando cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras».

Según el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno de Barcelona traslada a sus policías la responsabilidad de acreditar sobre el terreno si el desalojo se ha intentado llevar a cabo «utilizando amenazas o coacciones» identificando a las personas implicadas y «escuchando sus versiones».

El nuevo protocolo supone un incremento en la ofensiva que el Ayuntamiento de Barcelona activó el año pasado contra empresas como Desokupa las cuales, gracias al limbo legal en torno a estas prácticas, han forzado el desalojo de decenas de viviendas en la capital catalana en apenas un año y medio de actividad. A finales de verano de 2016 la propia empresa calculaba que, sólo en Barcelona, habían logrado su objetivo en 30 ocasiones, en su mayoría en el distrito de Ciutat Vella y, de forma especial en el barrio del Raval. Aunque Barcelona es su principal mercado, los responsables de la empresa aseguran que también son contratados en otras ciudades españolas.

Sus métodos -consistentes en amedrentar a los okupas con la presencia de trabajadores corpulentos que montan guardia a las puertas de las fincas afectadas- generaron el año pasado una ola de denuncias y críticas. Tras publicarse que en la plantilla hay rostros relacionados con grupos de la ultraderecha o con antecedentes en movimientos paramiliatres de Europa del Este también el Ayuntamiento y el Parlament de Catalunya decidieron actuar. De momento, sin resoluciones judiciales en contra de la empresa.

A finales de año el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, anunció que habían llevado ante la Fiscalía cuatro de los desalojos realizados por miembros de Desokupa. El Parlament de Catalunya, a instancias del PSC, también aprobó en noviembre abrir una investigación sobre las actividades de la empresa.