El
exalcalde socialista de Vitoria, Patxi Lazcoz, ha pedido que se conceda la
excarcelación a los presos de ETA gravemente enfermos. Ha realizado su petición
en un artículo que ha escrito con el portavoz de la red de apoyo a los presos
de ETA y exconsejero del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, y que publica el
diario El Correo.
En
el texto se defiende que el "derecho" a la libertad condicional de un
preso que sufre una grave enfermedad no depende del "merecimiento" a
acceder al mismo por el delito cometido, sino que es "ajeno a
sentimientos". "Por muy reprochables que nos parezcan los hechos que
(...) les han llevado a prisión, no pueden ser condenadas a la ‘pena de no
merecimiento’". Lazcoz ha declarado que se trata de sus "opiniones
personales, no como representante del PSE, donde ya no ocupo cargo
alguno".
El
Gobierno ya consideró que para poder excarcelar a presos muy enfermos la
"razonable certeza de fallecimiento del interno" debe situarse en un
plazo inferior a los dos meses de vida, según figura en una respuesta por
escrito enviada al senador de EHBildu Jon Iñarritu.
Iñarritu
había preguntado al Gobierno por una instrucción de Instituciones
Penitenciarias de febrero, en la que se fijaba que los internos enfermos
-todos, sin referencias explícitas a los etarras- sólo podrían ser excarcelados
"si su fallecimiento se prevé con razonable certeza a muy corto plazo, o
bien si cumplen los requisitos para acceder al tercer grado o la libertad
condicional".
El
senador pidió al Ejecutivo que se precisara esta instrucción, y el ejecutivo
explicó que la instrucción trata de adaptarse a la nueva regulación del Código
penal, que fija que "aquellos penados cuya enfermedad sea un peligro
patente para su vida salgan de la cárcel de forma inmediata, a través de una
decisión judicial adoptada a la vista de los informes médicos".
Así,
para adaptarse al Código, el Gobierno fijó que "en el supuesto de penados
en los que la enfermedad o la avanzada edad constituya un peligro patente para
la vida, bastarían los informes médicos correspondientes y una valoración de la
falta de peligrosidad", además de la autorización judicial. A
continuación, precisó que "cabe indicar que existe peligro patente para la
vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es de un plazo inferior
a los dos meses".
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