Entre
las modalidades de la inmigración, ninguna tan absurda como la de aquí.
Acogemos a inmigrantes que no necesitamos. Mejor dicho, acogemos a inmigrantes
sin ninguna cualificación profesional y sin ninguna utilidad social, mientras
nuestros mejores talentos tienen que abandonar España ante la falta de
oportunidades. Los inmigrantes que logran llegar a territorio español saben que
les espera una vida ociosa y que todas sus necesidades serán atendidas con
fondos públicos. Se trata de una inmigración inútil y subvencionada, portadora
de problemas que AD ha desgranado en innumerables informaciones.
Pásese
por alto que tengamos que mantenerlos por el privilegio que en España se le
concede a cualquier ilegal de origen africano o de confesión islámica. Lo discutible
es que hayamos estado manteniendo a quienes literalmente quieren asesinarnos.
En este caso, la inmigración en España habría que estudiarla como un síntoma de
la esquizofrenia política de nuestros dirigentes. Enumeremos algunos ejemplos:
-Saib
Lachhab: yihadista de 41 años, fue detenido el pasado mes de febrero. Estaba
cobrando 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos y 250 euros más como
complemento de vivienda.
–
Samir Mahdjoub: argelino de 44 años, fue arrestado por la Guardia Civil el
pasado mes de febrero. Estaba cobrando 650 euros al mes a través de las ayudas
públicas y un complemento de 250 euros de ayuda al alquiler.
–
Redouan Bensbih: marroquí de 26 años, murió en Siria combatiendo en las filas
del Estado Islámico mientras recibía una ayuda pública de 836 euros al mes.
Siguió ingresando el subsidio en su cuenta bancaria después de haber muerto
durante 5 meses más.
–
Ahmed Bourguerba: argelino detenido en julio de 2015. Estaba cobrando 625 euros
en ayudas más 250 euros como complemento de alquiler.
–
Mehdi Kacem: marroquí de 24 años detenido por la Policía Nacional el pasado mes
de enero. Al mes recibía en ayudas más de 800 euros mensuales.
–
Annas B: marroquí detenido por la Guardia Civil el año pasado. Se hizo pasar
por refugiado para poder cobrar más de 600 euros al mes en concepto de ayudas
sociales.
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