lunes, 26 de marzo de 2018

Colau invierte 35 millones para entidades y colectivos afines



Colau, barcelona, podemos, amigos, corrupción, dedazo
Máximas facilidades para sus colectivos afines. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, es especialmente permisivo con grupos y entidades que se sitúan en la órbita ideológica del partido de la alcaldesa e incluso de la CUP. Prueba de ello son los más de 35 millones de euros que el gobierno municipal ha destinado para locales de estos colectivos, «embajadas de radicales», como lo consideran desde el grupo municipal del PP en la Ciudad Condal.

Según datos facilitados por el grupo popular, la compra de edificios por parte del gobierno de Colau para sus afines desde que gobierna supera los 20 millones, cantidad a la que se deben añadir otros 15 millones en rehabilitaciones tanto de edificios adquiridos como cedidos. Por si esto fuera poco, algunos edificios de propiedad municipal siguen en manos de «okupas» ante la pasividad del consistorio.



«Es necesario que Colau ponga fin a esta política de compra de edificios y cesión de equipamientos a grupos radicales afines ideológicamente», incide Alberto Fernández, líder municipal de los populares. A su parecer, esta actitud no favorece al asociacionismo y entidades de barrio, ya que no existe un trato igualitario entre ellao y algunas claramente sufren un agravio comparativo respecto a estos grupos mimados por Colau.
Arran, CDR, ANC...
Entre los casos, destaca la reciente compra por un millón de euros del Bloc 17, en el corazón de Horta. La finca, en la que se reunían entidades como una agrupación de Arran (juventudes de la CUP) o el Comité de Defensa de la República (CDR) del barrio, tiene pendiente la rehabilitación, que también pagará el Ayuntamiento. También se conoció hace poco la rehabilitación del Ateneu de la Sagrada Familia, en el Eixample. Este edificio, en el que tendrán espacio las territoriales de la ANC y Òmnium, entre otras entidades, fue comprado por 2,4 millones y ahora se destinar otros 2,3 a rehabilitarla.

Otro ejemplo es el Ateneu Harmonia, de Sant Andreu. Ubicado en un recinto fabril, se han destinado 5,6 millones en arreglarlo. De nuevo Arran, la Asamblea Antifascista de Sant Andreu, los Yayoflautas o los CDR, entre otras asociaciones, lo frecuentan.

Mención especial merecen los proyectos de Ciutat Vella, por sus altas inversiones. Las tres fincas Can Seixanta, en el Raval, se reconvertirán en pisos y sedes sociales: el proyecto, en el que el PP intuye que se beneficiará a otros afines, costará 9,1 millones. Además, el Espacio del Inmigrante -ayuda y atención para extranjeros en situación irregular- ha costado 1,4 millones-. «Si Colau hubiese gastado la misma cifra para luchar contra los ‘narcopisos’, con toda probabilidad, ahora no hablaríamos de las complicaciones que tiene el Raval», apunta Fernández. Por otro lado, el Borsí, con un coste de 11,5 millones, será para el barrio y aunque todavía no se ha concretado quienes lo usarán, se sabe que la CUP, la CGT o el movimiento del 15-M arropan el proyecto.

«Okupación» tolerada
Además, el gobierno municipal tolera la «okupación» de espacios municipales. El conocido centro de Can Vies en Sants, origen de uno de los últimos capítulos de violencia callejera en Barcelona -antes del no menos polémico conflicto del Banco Expropiado de Gracia-, es uno de los espacios que a día de hoy siguen «autogestionados» por colectivos antisistema.

En este mismo sentido está la «okupación» de las casas de la calle Hort de la Vila, en Sarrià: el Ayuntamiento de la capital catalana ha destinado allí 67.829 euros en rehabilitaciones y, según destaca el PP, fue asaltada por miembros de Arran y la CUP tras acabar las obras. La antigua comisaría del CNP de Gracia también es usada sin complejos por colectivos antisistema: el consistorio cede el inmueble por 550 euros al año y les paga luz, agua, comunidad e IBI.

Más allá de las inversiones destinadas a los locales para sus afines, los presupuestos municipales -que justo se acaban de aprobar automáticamente al haber superado la alcaldesa cuestión de confianza a la que se vio obligada por falta de apoyos- también contemplan un incremento de «las subvenciones ideológicas». «En un año se han incrementado un 122%, pasando de 11 millones a 24,4», denuncia Fernández.