jueves, 5 de julio de 2018

Jorge Rodríguez gastó unos dos millones de euros en contratar a afines a PSPV y Compromís



PSOE, Podemos, Compromís, valencia, corrupción, En noviembre de 2015, meses antes de que la empresa pública Imelsa pasara a llamarse Divalterra para «enterrar» su pasado marcado por la corrupción -y que ahora vuelve a resurgir-, los dos cogerentes Josep Ramon Tíller (PSPV-PSOE) y Agustina Brines (Compromís) remodelaron la estructura para configurar nuevas áreas en las que colocar a cargos de confianza, con una división para que cada partido controlara unas competencias. Los gastos acabarían siendo de aproximadamente dos millones de euros.


La forma de cubrir esas plazas generó críticas desde el principio por parte de la oposición y acabó provocando denuncias en los tribunales que han dado origen a la llamada «Operación Alquería» por la que hace justo una semana era detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto a otras cinco personas. El despliegue ponía patas arriba la política valenciana y trastocaba el discurso de los partidos en el Gobierno (los socialistas y la coalición) basado en «levantar la hipoteca reputacional» de la Comunidad Valenciana por las causas que acumula el PP.

La operación -puesta en entredicho por las formaciones afectadas al considerarla «desproporcionada»- fue llevada a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.



La investigación comenzó hace seis meses por las denuncias de los propios trabajadores de Divalterra ante Fiscalía, algunas de las cuales basaron en un escrito del PP que previamente le había sido archivado y en el que relataba multitud de hechos que tenían lugar en la corporación provincial, entre ellos fraccionamiento y duplicidad de contratos, pagos de dietas o, precisamente, contrataciones a dedo. Ya en abril de 2018, Ciudadanos se sumó a la vía judicial y presentó otra ante Fiscalía, la cual incorporó la documentación a las diligencias ya en curso.

La instrucción que se conoce por el momento -se encuentra bajo secreto de sumario- indaga en un método muy concreto: siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección en los que se habría colocado a personas afines a los partidos. Los presuntos delitos son los de prevaricación y malversación en su vertiente de administración desleal al haber podido producir un quebranto en las cuentas públicas.

En la lista de «enchufados» de este año (se añadirían como directivos los dos cogerentes y el jefe jurídico también como personal de libre designación) se encuentran, a propuesta del PSPV, Manuel Carot, el alcalde de Rocafort Víctor Jiménez, el alcalde de l’Alquería de la Comptessa Voro Femenia y el biólogo Miguel Angel Ferri -próximo a Rodríguez-. Estos dos últimos dejaron posteriormente vacantes al pasar el primero a ser diputado provincial y el segundo a dirigir Egevasa.

Por parte de Compromís, figuran el concejal de Compromís en Silla Josep Lluis Melero (perteneciente al Bloc), Pau Pérez (del Bloc de Oliva) y Soledad Torija (del sector Gent de Compromís). Desde la coalición defienden que todos ellos cumplían con la formación adecuada para la responsabilidad que desempeñaban.

Salarios e indemnizaciones
El cálculo total del gasto que supusieron estas contrataciones resulta complicado de saber con exactitud al haberse producido renuncias, pagos extra e indemnizaciones al ser anulados los contratos. El coste de cada uno de los siete oscilaba entre los 50.000 y los 58.000 euros al año más gastos de desplazamiento, lo que ascendería a 80.000 durante tres años. La multiplicación daría 1,68 millones, a los cuales habría que añadir las indemnizaciones de entre 18.000 y 19.000 euros por trabajador, lo que deja la cifra en el entorno de los dos millones.

La decisión se había tomado, como se ha venido informando, con hasta 12 informes jurídicos en contra -tanto de despachos externos como de los servicios de la casa- hasta que obtuvo uno favorable. En ellos se incluyen apreciaciones como que los nombramientos serían contrarios al principio de eficacia en la gestión; que habría sido necesaria una oferta pública imparcial en la que se sometieran a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rige el Estatuto Básico del Empleado Público; que debería haber existido una oportuna justificación; o que los contratos no se corresponderían con el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de Divalterra.

Por todo ello, los investigadores entienden que habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas porque esos cargos no respondían a una necesidad.

La instrucción sigue su curso y el próximo viernes el juez ha citado como testigos a los portavoces de los grupos políticos en la empresa pública.